LA TONTERÍA DE CAYO LARA.
Ayer leí la “Carta a Cayo Lara del padre de un hijo tonto”, dirigida por Andrés Abelasturi al secretario general de Izquierda Unida, don Cayo Lara, por unas declaraciones que al parecer hizo posicionándose contra la monarquía como sistema de organización política de nuestro país.
En dicha carta, Abelasturi dice sentirse ofendido, como padre de “hijo tonto”, por la siguiente afirmación del líder de IU: "No entendemos que alguien por el hecho de ser hijo de, tenga que ser jefe de un Estado. ¿Y si sale tonto? ¿Tenemos que cargar con un Jefe del Estado tonto?"
Es normal que el periodista se sienta ofendido por esto, aunque, como él mismo reconoce, Cayo Lara no tuviera una intención ofensiva contra las personas faltas o escasas de entendimiento o razón, por padecer cierta deficiencia mental -que es lo que en español quiere decir el vocablo “tonto, a”- ¡faltaría más!
La intención de Cayo Lara era mostrar un argumento contundente contra el principio de legitimidad monárquica, pero lo hizo de un modo bien tonto, si seguimos usando el español conforme a los precisos significados de las palabras, tal como las recoge el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
Y lo desafortunado de la expresión no radica sólo en la falta de tacto hacia muchas personas que se pueden ver ofendidas con toda la razón del mundo, como es el caso del periodista Abelasturi, el cual tiene un hijo con discapacidad intelectual; sino también, y esto es los peor, en el propio argumento en sí.
Mientras que los que propugnan la Tercera República tengan las ideas tan confusas como don Cayo Lara, ésta no tiene la más mínima oportunidad de fructificar en un país, por otro lado, tan poco monárquico como es España. País en el que casi cuarenta años de una dictadura personalista acabaron con el monarquismo. Por lo que no conviene confundir monarquismo con "juancarlismo".
Cayo Lara arguye una razón de tipo “práctico” bastante fácil de contra argumentar: ¿Qué pasaría si el heredero fuera una persona discapacitada intelectualmente? Muy sencillo, se le inhabilitaría de modo que el que pasaría a reinar sería el siguiente intelectualmente capacitado en la línea de sucesión dinástica. O se pondría un regente. Así de sencillo.
Pero el problema de la monarquía no es ése. La legitimidad de la monarquía, al menos en un país como el nuestro en pleno siglo XXI, no es una cuestión de tipo práctico, sino una cuestión de tipo ético y relacionada con la dignidad de las personas en su calidad de ciudadanos.
Cuando oigo argumentar a favor y en contra de la monarquía hoy en día constato que aún, al menos una gran parte de la ciudadanía española, sigue anclada en el franquismo sociológico y político, incluido, lamentablemente, sin ser consciente de ello, el propio Cayo Lara, a la luz de su argumento. Todas las discusiones que se pueden oír, giran en torno de las ventajas que conlleva, por ejemplo, no tener que hacer elecciones para la jefatura del estado -¡con el dinero que cuestan!-, lo caro que sale mantener una casa real, o la garantía de imparcialidad política del rey, que se sitúa como una especie de padre vigilante que no se "meterá en política" salvo cuando la situación se complique tanto que le obligue a intervenir como salvador de la patria, tal como pasó el día 23 de febrero de 1981. Hecho por el cual, dicho sea de paso, Juan Carlos de Borbón se ganó la simpatía y la aceptación del 99% de sus sub-di-tos.
Veamos la cuestión. Según el relato franquista, las hordas rojas habían iniciado un proceso revolucionario que estaba subvirtiendo el orden político republicano mediante la violencia, la quema de templos, etc. Entonces el ejército, en un acto de defensa patriótica, impone su autoridad con un levantamiento a cuya cabeza se pone Franco, el cual es capaz de vencer y expulsar a los malvados enemigos de España quedando como líder, por la vía de los hechos, a título de “Caudillo”.
No es la legitimidad legal sino la fáctica la que pretendidamente legitima al Caudillo. Es la simpatía de su pueblo tras un exitoso levantamiento armado, con el que éste se ve libre del peligro del comunismo y la anarquía (todo en el mismo saco).
De hecho el himno oficioso de España, cantado en su época por la gente, con la música de la marcha real decía: “Franco, Franco, qué cara tan simpática que tiene usté, parece un requeté”.
Y apoyado en esta supuesta legitimidad per-so-nal se sostiene un régimen, ora fascista, ora capitalista, ora tecnócrata… en una palabra, personalista; cuyo argumentario político de cara a los gobernados era el que se resumía en el lema de una emisión de sellos de correos dela año 1964: “España. XXV años de Paz 1939-1964”; o dicho de otro modo, “olvidaos de la política y viviréis de puta madre: Franco, garante de la Paz”.
Cuarenta y cinco años después, el relato es el siguiente: el rey, que, aun habiendo protagonizado un cambio pacífico del sistema político heredado de Franco hacia la democracia, no estaba bien asentado en la opinión de sus súbditos -nada monárquicos después de casi cuarenta años de caudillismo, como ya se ha dicho- y por haber sido, al fin y al cabo, impuesto como Jefe del Estado por Franco; ante un levantamiento militar retrógrado que quiere subvertir, por la vía de la violencia contra el poder legal, el ordenamiento democrático, al estilo de lo que pasó en el 36, se pone el uniforme, y en valiente acto de autoridad militar somete el levantamiento, ganándose así la simpatía de su pueblo.
Por tanto no es en el derecho dinástico en donde auténticamente se ancla la legitimidad de Don Juan Carlos, sino en la legitimidad fáctica derivada también del hecho “salvífico” que -si bien en sentido políticamente opuesto, si se quiere- protagoniza éste por decisión propia.
En pocas palabras, Franco se siente legitimado a mandar por habernos salvado de “los rojos”, y a Juan Carlos lo terminamos de aceptar como rey por habernos salvado de “los fachas”. Y sobre todo –y esto es lo importante- para que, si volviera a ser necesario volviera a hacerlo.
De lo que se deduce que lo malo de la monarquía para don Cayo es el peligro de que la naturaleza o el destino nos deparara un monarca “tonto”, que por tanto fuera incapaz de manejar con mano firme y decidida el timón de la nación.
Pues no, don Cayo, no. Ésa no es la razón por la cual hoy deberíamos estar organizados políticamente como una república, La III República Española. La razón tiene que ver con los derechos y la dignidad de los españoles y las españolas. Y tiene que ver con el cambio de paradigma –de modelo- socio-político que aconteció en Occidente con las revoluciones Francesa y Americana, y los sucesivos procesos de independencia de la Corona Española -más o menos afortunados o desafortunados- con los que surge una nueva forma de organización política y de relación entre gobernantes y gobernados.
A partir de entonces, los gobernados ya no son súb-di-tos, sino ciu-da-da-nos. Aparece el concepto moderno de Nación, como ente político común formado por el conjunto de ciudadanos libres; contrapuesto al concepto de Reino como propiedad del cabeza de una familia concreta -la dinastía reinante- , el cual se transfiere a su primogénito como si se tratara de cualquier otro bien patrimonial; Cabeza de familia al que se le debe sumisión por parte de sus subordinados o súbditos, los cuales no son esclavos, cierto, pero deben obediencia al monarca, que como expresa la etimología de la palabra gobierna individualmente (de monos, μόνος, "uno/singular", y ἄρχω, árkhō, "gobernar").
Por tanto “democracia” (de δῆμος, dḗmos, «pueblo», y κράτος, krátos, «poder») es un término antitético al de “monarquía” (o el gobierno de uno sólo).
No obstante hoy en día existen las llamadas monarquías parlamentarias en las que el rey reina, pero no gobierna. Y entonces la pregunta que cumple es: ¿Si un rey no gobierna, por qué ha de reinar? Y aquí solo caben dos respuestas: una que tiene que ver con el derecho que tiene el heredero a poseer las atribuciones del cargo por el mero hecho de haber nacido del rey. Lo que implica un atentado contra el principio de igualdad política de los ciudadanos y ciudadanas en democracia, porque la jefatura del estado ya dejó de ser un bien patrimonial privado, para pasar a ser una cosa de carácter público que concierne a todos los ciudadanos. O bien una respuesta de tipo práctico, o mejor dicho “pragmático” del tenor de las que ya se han expuesto. Apoyarse en estas segundas es admitir una especie de tutela a cargo de una institución sin la que sería difícil que nos entendiéramos, al no contar con una especie de padre benévolo y no actuante, que nos deja hacer mientras no sea imprescindible colocarse el uniforme de Capitán General para salvarnos de nosotros mismos.
Por tanto no es una razón práctica, repito, señor Cayo Lara. Es que no debemos seguir siendo “súbditos”, más o menos liberados, cuando lo que nos cumple es ser “ciudadanos” de pleno derecho, libres, e iguales en derechos y obligaciones. Es una cuestión de dignidad; de entender que después de casi cuarenta años de democracia ya no somos políticamente unos “menores de edad” que tengamos que ser tutelados por Su Majestad el Rey, con el cual El Caudillo lo dejó todo “atado y bien atado”. Es, en una palabra, que ya es hora de romper esa ligadura que nos ata al pasado de una confrontación entre españoles y de su desenlace, que pesa sobre nosotros todavía como una losa.
Y que usted no sea capaz de percatarse de lo tonto que era el argumento antes de esputarlo, lo coloca en una categoría verbal que es peor que la de “tonto”, y ésta es la de “necio”; término que es definido por la Real Academia Española de la Lengua como: 1, “Ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber”; 2, “Imprudente o falto de razón”, y 3. “Terco y porfiado en lo que hace o dice”.
Para Forrest Gump el tonto es el que hace tonterías. Pero eso no es cierto. El que hace o dice tonterías no es un tonto sino un necio. Y lo de usted, sr. Cayo Lara, fue una solemne tontería.
La república debe ser la forma natural de organizase políticamente de las sociedades modernas porque ésta, en su formulación teórica, implica un principio de igualdad de todos y todas ante la ley que la monarquía, por definición no contempla, y no porque sea más eficaz para ponernos a salvo de la estupidez de los gobernantes. La república no tiene mecanismos para evitar que los necios accedan al poder, esos es obvio, pero al menos nos define a los ciudadanos como mayores de edad políticamente.
Más le valdría, sr. Cayo Lara, dejar de hacer el tonto y dedicar todas sus energías a exigir que se modifique una ley electoral injusta e inequitativa (o antiigualitaria) que desde el principio de la democracia le viene arrebatando la cuota de representación parlamentaria que a sus votantes les corresponde moralmente, en favor de los nacionalistas que luchan por establecer diferencias entre ciudadanos, en virtud de supuestos derechos históricos, étnicos o culturales, y de los interesados defensores del "bipartidismo" (PP & PSOE), modelo, que después de los sistemas de partido único es el más eficaz para gobernar -para pastorearnos-, pero el menos plural y, por tanto, el menos justo.
Ayer leí la “Carta a Cayo Lara del padre de un hijo tonto”, dirigida por Andrés Abelasturi al secretario general de Izquierda Unida, don Cayo Lara, por unas declaraciones que al parecer hizo posicionándose contra la monarquía como sistema de organización política de nuestro país.
En dicha carta, Abelasturi dice sentirse ofendido, como padre de “hijo tonto”, por la siguiente afirmación del líder de IU: "No entendemos que alguien por el hecho de ser hijo de, tenga que ser jefe de un Estado. ¿Y si sale tonto? ¿Tenemos que cargar con un Jefe del Estado tonto?"
Es normal que el periodista se sienta ofendido por esto, aunque, como él mismo reconoce, Cayo Lara no tuviera una intención ofensiva contra las personas faltas o escasas de entendimiento o razón, por padecer cierta deficiencia mental -que es lo que en español quiere decir el vocablo “tonto, a”- ¡faltaría más!
La intención de Cayo Lara era mostrar un argumento contundente contra el principio de legitimidad monárquica, pero lo hizo de un modo bien tonto, si seguimos usando el español conforme a los precisos significados de las palabras, tal como las recoge el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
Y lo desafortunado de la expresión no radica sólo en la falta de tacto hacia muchas personas que se pueden ver ofendidas con toda la razón del mundo, como es el caso del periodista Abelasturi, el cual tiene un hijo con discapacidad intelectual; sino también, y esto es los peor, en el propio argumento en sí.
Mientras que los que propugnan la Tercera República tengan las ideas tan confusas como don Cayo Lara, ésta no tiene la más mínima oportunidad de fructificar en un país, por otro lado, tan poco monárquico como es España. País en el que casi cuarenta años de una dictadura personalista acabaron con el monarquismo. Por lo que no conviene confundir monarquismo con "juancarlismo".
Cayo Lara arguye una razón de tipo “práctico” bastante fácil de contra argumentar: ¿Qué pasaría si el heredero fuera una persona discapacitada intelectualmente? Muy sencillo, se le inhabilitaría de modo que el que pasaría a reinar sería el siguiente intelectualmente capacitado en la línea de sucesión dinástica. O se pondría un regente. Así de sencillo.
Pero el problema de la monarquía no es ése. La legitimidad de la monarquía, al menos en un país como el nuestro en pleno siglo XXI, no es una cuestión de tipo práctico, sino una cuestión de tipo ético y relacionada con la dignidad de las personas en su calidad de ciudadanos.
Cuando oigo argumentar a favor y en contra de la monarquía hoy en día constato que aún, al menos una gran parte de la ciudadanía española, sigue anclada en el franquismo sociológico y político, incluido, lamentablemente, sin ser consciente de ello, el propio Cayo Lara, a la luz de su argumento. Todas las discusiones que se pueden oír, giran en torno de las ventajas que conlleva, por ejemplo, no tener que hacer elecciones para la jefatura del estado -¡con el dinero que cuestan!-, lo caro que sale mantener una casa real, o la garantía de imparcialidad política del rey, que se sitúa como una especie de padre vigilante que no se "meterá en política" salvo cuando la situación se complique tanto que le obligue a intervenir como salvador de la patria, tal como pasó el día 23 de febrero de 1981. Hecho por el cual, dicho sea de paso, Juan Carlos de Borbón se ganó la simpatía y la aceptación del 99% de sus sub-di-tos.
Veamos la cuestión. Según el relato franquista, las hordas rojas habían iniciado un proceso revolucionario que estaba subvirtiendo el orden político republicano mediante la violencia, la quema de templos, etc. Entonces el ejército, en un acto de defensa patriótica, impone su autoridad con un levantamiento a cuya cabeza se pone Franco, el cual es capaz de vencer y expulsar a los malvados enemigos de España quedando como líder, por la vía de los hechos, a título de “Caudillo”.
No es la legitimidad legal sino la fáctica la que pretendidamente legitima al Caudillo. Es la simpatía de su pueblo tras un exitoso levantamiento armado, con el que éste se ve libre del peligro del comunismo y la anarquía (todo en el mismo saco).
De hecho el himno oficioso de España, cantado en su época por la gente, con la música de la marcha real decía: “Franco, Franco, qué cara tan simpática que tiene usté, parece un requeté”.
Y apoyado en esta supuesta legitimidad per-so-nal se sostiene un régimen, ora fascista, ora capitalista, ora tecnócrata… en una palabra, personalista; cuyo argumentario político de cara a los gobernados era el que se resumía en el lema de una emisión de sellos de correos dela año 1964: “España. XXV años de Paz 1939-1964”; o dicho de otro modo, “olvidaos de la política y viviréis de puta madre: Franco, garante de la Paz”.
Cuarenta y cinco años después, el relato es el siguiente: el rey, que, aun habiendo protagonizado un cambio pacífico del sistema político heredado de Franco hacia la democracia, no estaba bien asentado en la opinión de sus súbditos -nada monárquicos después de casi cuarenta años de caudillismo, como ya se ha dicho- y por haber sido, al fin y al cabo, impuesto como Jefe del Estado por Franco; ante un levantamiento militar retrógrado que quiere subvertir, por la vía de la violencia contra el poder legal, el ordenamiento democrático, al estilo de lo que pasó en el 36, se pone el uniforme, y en valiente acto de autoridad militar somete el levantamiento, ganándose así la simpatía de su pueblo.
Por tanto no es en el derecho dinástico en donde auténticamente se ancla la legitimidad de Don Juan Carlos, sino en la legitimidad fáctica derivada también del hecho “salvífico” que -si bien en sentido políticamente opuesto, si se quiere- protagoniza éste por decisión propia.
En pocas palabras, Franco se siente legitimado a mandar por habernos salvado de “los rojos”, y a Juan Carlos lo terminamos de aceptar como rey por habernos salvado de “los fachas”. Y sobre todo –y esto es lo importante- para que, si volviera a ser necesario volviera a hacerlo.
De lo que se deduce que lo malo de la monarquía para don Cayo es el peligro de que la naturaleza o el destino nos deparara un monarca “tonto”, que por tanto fuera incapaz de manejar con mano firme y decidida el timón de la nación.
Pues no, don Cayo, no. Ésa no es la razón por la cual hoy deberíamos estar organizados políticamente como una república, La III República Española. La razón tiene que ver con los derechos y la dignidad de los españoles y las españolas. Y tiene que ver con el cambio de paradigma –de modelo- socio-político que aconteció en Occidente con las revoluciones Francesa y Americana, y los sucesivos procesos de independencia de la Corona Española -más o menos afortunados o desafortunados- con los que surge una nueva forma de organización política y de relación entre gobernantes y gobernados.
A partir de entonces, los gobernados ya no son súb-di-tos, sino ciu-da-da-nos. Aparece el concepto moderno de Nación, como ente político común formado por el conjunto de ciudadanos libres; contrapuesto al concepto de Reino como propiedad del cabeza de una familia concreta -la dinastía reinante- , el cual se transfiere a su primogénito como si se tratara de cualquier otro bien patrimonial; Cabeza de familia al que se le debe sumisión por parte de sus subordinados o súbditos, los cuales no son esclavos, cierto, pero deben obediencia al monarca, que como expresa la etimología de la palabra gobierna individualmente (de monos, μόνος, "uno/singular", y ἄρχω, árkhō, "gobernar").
Por tanto “democracia” (de δῆμος, dḗmos, «pueblo», y κράτος, krátos, «poder») es un término antitético al de “monarquía” (o el gobierno de uno sólo).
No obstante hoy en día existen las llamadas monarquías parlamentarias en las que el rey reina, pero no gobierna. Y entonces la pregunta que cumple es: ¿Si un rey no gobierna, por qué ha de reinar? Y aquí solo caben dos respuestas: una que tiene que ver con el derecho que tiene el heredero a poseer las atribuciones del cargo por el mero hecho de haber nacido del rey. Lo que implica un atentado contra el principio de igualdad política de los ciudadanos y ciudadanas en democracia, porque la jefatura del estado ya dejó de ser un bien patrimonial privado, para pasar a ser una cosa de carácter público que concierne a todos los ciudadanos. O bien una respuesta de tipo práctico, o mejor dicho “pragmático” del tenor de las que ya se han expuesto. Apoyarse en estas segundas es admitir una especie de tutela a cargo de una institución sin la que sería difícil que nos entendiéramos, al no contar con una especie de padre benévolo y no actuante, que nos deja hacer mientras no sea imprescindible colocarse el uniforme de Capitán General para salvarnos de nosotros mismos.
Por tanto no es una razón práctica, repito, señor Cayo Lara. Es que no debemos seguir siendo “súbditos”, más o menos liberados, cuando lo que nos cumple es ser “ciudadanos” de pleno derecho, libres, e iguales en derechos y obligaciones. Es una cuestión de dignidad; de entender que después de casi cuarenta años de democracia ya no somos políticamente unos “menores de edad” que tengamos que ser tutelados por Su Majestad el Rey, con el cual El Caudillo lo dejó todo “atado y bien atado”. Es, en una palabra, que ya es hora de romper esa ligadura que nos ata al pasado de una confrontación entre españoles y de su desenlace, que pesa sobre nosotros todavía como una losa.
Y que usted no sea capaz de percatarse de lo tonto que era el argumento antes de esputarlo, lo coloca en una categoría verbal que es peor que la de “tonto”, y ésta es la de “necio”; término que es definido por la Real Academia Española de la Lengua como: 1, “Ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber”; 2, “Imprudente o falto de razón”, y 3. “Terco y porfiado en lo que hace o dice”.
Para Forrest Gump el tonto es el que hace tonterías. Pero eso no es cierto. El que hace o dice tonterías no es un tonto sino un necio. Y lo de usted, sr. Cayo Lara, fue una solemne tontería.
La república debe ser la forma natural de organizase políticamente de las sociedades modernas porque ésta, en su formulación teórica, implica un principio de igualdad de todos y todas ante la ley que la monarquía, por definición no contempla, y no porque sea más eficaz para ponernos a salvo de la estupidez de los gobernantes. La república no tiene mecanismos para evitar que los necios accedan al poder, esos es obvio, pero al menos nos define a los ciudadanos como mayores de edad políticamente.
Más le valdría, sr. Cayo Lara, dejar de hacer el tonto y dedicar todas sus energías a exigir que se modifique una ley electoral injusta e inequitativa (o antiigualitaria) que desde el principio de la democracia le viene arrebatando la cuota de representación parlamentaria que a sus votantes les corresponde moralmente, en favor de los nacionalistas que luchan por establecer diferencias entre ciudadanos, en virtud de supuestos derechos históricos, étnicos o culturales, y de los interesados defensores del "bipartidismo" (PP & PSOE), modelo, que después de los sistemas de partido único es el más eficaz para gobernar -para pastorearnos-, pero el menos plural y, por tanto, el menos justo.
